El piropo callejero: ¿Halago o mecanismo de control patriarcal?

El piropo callejero encarna una de las formas de violencia más impunes sobre los cuerpos de las mujeres. Apoyado en la invisibilidad de los imaginarios y normas sociales, el machismo ejerce control en las vías públicas como estrategia de imposición de poder.

Pensar en modos de sobrevivencia al acoso callejero en las vías públicas antes de dejar la vivienda forma parte de la experiencia diaria de las mujeres: ¿La blusa es muy transparente? ¿El pantalón está muy pegada o demasiado corto? ¿El pelo o el pajón está muy alborotado? ¿Qué me pueden vocear por esto? ¿El tipo de la esquina estará ahí para darme los buenos días, preguntarme la hora o “darme la bendición” que no le he pedido? Más una innumerable lista de pensamientos y temores para evitar los indeseados piropos callejeros.

Los hombres viven en la constante presión de demostrar su masculinidad ante ellos mismos, ante otros hombres y hacia las mujeres. Piropear es parte de “ser hombre”, una conducta pública para espantar el asomo del fantasma mental de la homosexualidad. Dejar “pasar una” te convierte en palomo y en un flojo. A mayor presencia de hombres en un grupo, aumenta la necesidad de demostración, competencia y acoso. Las mujeres evitamos y nos preparamos antes de pasar por el colmado, la construcción, la esquina de motoconchos, o la parada de autobuses.

La “bendición”, el insistente “buenos días”, el “hola bella” esperan ser respondidos como agradecimiento “al halago”, de lo contrario, la acción es seguida por una sanción: vociferar “mal educada”, “dichosa tú que te saludan” o cualquier otra dañina expresión salida de las entrañas de la violencia machista añoñada en las misóginas “costumbres culturales”. ¿Cuántos hombres reciben en la calle “la bendición» de otros hombres que no conocen? ¿Qué tan frecuente es ver a las mujeres piropeando?

Una encuesta global de la Universidad de Cornell de Nueva York reveló que el 84% de mujeres en todo el mundo experimentaron acoso callejero por primera vez antes de los 17 años. El 82% de las encuestadas informó tomar una ruta diferente a casa o a su destino. El 71% afirmó que las han seguido. Más de 50% reportó haber sido acariciadas o tocadas sin su consentimiento. La mitad de las mujeres que fueron acosadas informaron haberse sentido con ansiedad después de haber experimentado el acoso (Ver estudio ONU Mujeres).

El piropo es acoso sexual callejero realizado desde la violencia machista para ejercer poder, reafirmase y reforzar la subordinación de las mujeres a la categoría de objeto sexual. Forma parte de los pactos de la masculinidad hegemónica para ejercer el derecho patriarcal de dominio del espacio público, desde el permiso social de irrumpir en la privacidad de las mujeres, evaluar sus cuerpos, y sancionarlas cuando no se identifican con la condición de sujeción esperada. 

La feminidad construida desde la subordinación puede identificarse con este mecanismo bajo la idea de la retribución machista correspondida. La construcción de la autoestima basada en el poder propio descarta cualquier tipo de opresión al cuerpo o la personalidad. 

Machista no es solo el que mata, golpea, amenaza o viola, es también quien acomodado en los privilegios patriarcales subordina a las mujeres por cualquier vía, y el piropo callejero es una de ellas. Esta forma de control público, sutil, invisible e impunemente aceptada como “halago”, es realizada desde las desiguales relaciones de poder entre mujeres y hombres, deshumanizándolas a través de la humillación pública.

Reconociendo la fuerte carga misógina que conlleva el acto, en varios países se han tomado medidas legales para sancionarlo, con el interés de contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres. En la región latinoamericana Argentina, Costa Rica, Chile y Perú tienen leyes específicas que sancionan con contravención, al igual que Bélgica y Francia. El Estado de Oaxaca en México adoptó legislación el pasado año. El tema ocupa la agenda legislativa en otros más y está siendo objeto de estudio comparativo en términos legales y de impacto en la vida de las mujeres (Idem).

La erradicación de la violencia machista requiere mayor compromiso de hombres adultos y jóvenes, de la ruptura de pactos patriarcales que conlleven el cuestionamiento de privilegios y construcción de relaciones de género enmarcadas en el respeto entre iguales. Las mujeres tenemos derecho a ocupar las vías públicas sintiéndonos seguras, transitando en la dignidad de los cuerpos que habitamos.

Políticas de igualdad de género en todas instancias estatales

El diseño de una política de género en el Ministerio de Educación forma parte de una acumulada deuda estatal en su obligación de garantizar el derecho a la dignidad humana sin distinción de sexo o género. Una obligación que corresponde a cada instancia gubernamental.

La orden departamental para el diseño de la política tiene su base legal en la Constitución de la República y en los acuerdos internacionales de derechos humanos. Marcos base para el diseño de medidas que aumenten la calidad de vida y reduzcan las desigualdades, dentro de estas las de género. Con este fin fueron acordados los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS-2030) y en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030).

Otro marco en el que se sustenta la medida es el Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014-2030), el cual dispone en el inciso 4.2.4 el compromiso con la igualdad de género: “Incorporar al currículo educativo, desde la primera infancia y con las estrategias pedagógicas adecuadas…la formación en valores de respeto, igualdad y equidad de género, convivencia familiar, y maternidad y paternidad responsables”.

El debate en torno al diseño de una política de género en el Ministerio de Educación debe ser ampliado a cómo diseñar políticas de género en todos los ministerios, direcciones, oficinas, agencias, consejos y comisiones estatales para cumplir con los indicadores de la END 2030 y el Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG). Una obligación de cada entidad estatal según lo ordena el decreto No. 974-01 del Poder Ejecutivo: “Se crea con asiento en cada Secretaría (Ministerio) de Estado La Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, bajo la articulación de la Secretaría (Ministerio) de Estado de la Mujer (SEM) con el propósito fundamental de incorporar en las políticas planes, acciones, programas y proyectos de cada Secretaría de Estado el enfoque de perspectiva de géneroa nivel nacional para la integración de la mujer en el desarrollo”.

Una política de género en el sector educativo contribuiría a la igualdad, pero desde un enfoque integral de gestión pública no sería suficiente. El diseño de cada política debe estar precedida de un diagnóstico que genere información sobre cómo se manifiestan las discriminaciones de género en cada sector y definiendo lineamientos de intervención en correspondencia con el Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG) y los demás instrumentos marcos señalados arriba. El país cuenta con suficiente personal técnico y dos centros académicos especializados para liderar esos procesos.

De antemano, no se requieren investigaciones profundas para advertir las necesidades de medidas de equidad de género en algunas instancias gubernamentales. En los siguientes párrafos se aportan algunas preguntas orientativas que ayuden a identificar tales necesidades.

En las instituciones de seguridad del Estado ¿Con qué parámetros se evalúan los asensos entre mujeres y hombres de las fuerzas armadas y la policía nacional? ¿Cómo se previene el acoso sexual en estos organismos y se garantizan espacios seguros especialmente a las mujeres? 

En el área de la gestión de riesgo y prevención de desastres ¿Dispone la Defensa Civil de mecanismos sistemáticos y probados para garantizar respuesta diferenciada en contexto de emergencia? Para promover el empoderamiento económico de las mujeres del campo y reducción de la pobreza ¿Qué medidas tiene el Banco Agrícola para garantizar el acceso al crédito de las mujeres? 

Las artes juegan un importante rol para difundir mensajes de igualdad y respeto entre los géneros ¿Cómo puede el Ministerio de Cultura contribuir a la igualdad de género a través del arte y a promover a las mujeres en esta área? 

La calidad de la política tiene que ver con la asignación presupuestaria y el seguimiento a la implementación ¿Cómo puede el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) contribuir desde la planificación presupuestaria al logro de los indicadores de la END 2030?  

En general ¿Disponen los ministerios e instancias de medidas que procuran igual acceso a oportunidades para mujeres y hombres?

Solo algunas preguntas que puedan facilitar a entender los vacíos de políticas con enfoque de género que existen a nivel de las instancias gubernamentales, reconociendo que a más de veinte años de políticas de mainstreamo transversalidad, mucho nos falta aún para fortalecerlas.

La realidad de las mujeres y las niñas en el país es muy cruda, las noticias a diario de feminicidios, violaciones sexuales, embarazos en la niñez y la adolescencia, uniones tempranas o abortos inseguros requieren respuestas cada vez más humanas de todas las instancias del Estado. Si nos segamos a pretender que no existen estaremos ayudando a que se recrudezcan las causas que generan esas condiciones de injusticia de social y género.

La violencia política contra Miriam Germán

El  ejercicio de la función pública implica riesgos y costos para las mujeres que lo asumen. El acceso de las mujeres al conocimiento, las leyes de cuotas electorales, entre otros factores, han encaminado el aumento de su participación política y pública.

Este aumento de participación ha derivado en un desafío al machismo, desde el cual se ha percibido como una rivalidad y pérdida de lo que históricamente fueron considerados sus espacios tradicionales de poder, por entender que el espacio “natural” de las mujeres es el privado, o que la función pública de ellas es para obedecer órdenes patriarcales. La mujeres con autonomía en la toma de decisiones y las que desafían la voluntad machista corren riesgo de sufrir violencia política.

Esta figura legal es considerada en América Latina en respuesta al aumento de acoso y violencia que sufren las mujeres ejerciendo la función pública electa o designada, en el ámbito local o nacional. En los primeros casos documentados (Cuando hacer política te cuesta la vida) la definición se establecía solo para el nivel electoral, sin embargo, las coincidencias de los medios a través de los cuales  se realizan llevaron ampliar la definición.

La Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, del Estado Plurinacional de Bolivia (Mayo, 2012), aporta una definición amplia: “Se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político–publica, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos”. 

Los estudios que analizan este tipo de conductas (delictivas) y el marco legal más arriba mencionados, incluyen dentro de los actos considerados como tal: situaciones de invisibilidad, descrédito o generación de culpa, agresiones físicas sicológicas o sexuales, entre otras.

El trato vejatorio del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a excepción de la Diputada Josefa Castillo, contra la Magistrada Miriam Germán, constituye un ejemplo de violencia política contra una mujer en el ejercicio de la función pública y por el hecho de ser mujer. Encabezado por el procurador general de la República, el CNM incurrió en franca violación al reglamento que lo rige al permitir la lectura de una comunicación anónima prohibida por este. 

El trato diferenciado a la Magistrada Miriam Germán también se evidenció ante la presentación de conjeturas por el supuesto desvío de bienes no declarados hacia un hijo autista que “no trabaja”. Esta dos últimas palabras fueron repetidas en varias ocasiones por el procurador.  La acción estaba dirigida a cuestionar el rol de madre y generarle culpabilidad ante las cámaras de televisión por la supuesta utilización de su hijo con condiciones de discapacidad. Un mecanismo muy utilizado por la masculinidad violenta para atacar a las mujeres.

En una sociedad machista, dentro de los valores de la feminidad se exige el cumplimiento de la maternidad con parámetros muy diferentes de aquellos a los hombres para la paternidad. Una mujer es catalogada de “buena” o “mala” en la medida en que cumpla ese rol con excepcionales sacrificios. 

En el país no contamos con marcos legales que tipifiquen la violencia política, sin embargo, la Constitución establece el compromiso estatal de erradicar la violencia contra las mujeres. El Código Penal sanciona este delito, aunque el cumplimiento en el imaginario está referido a la violencia en la relación de pareja y, fuera de ella, a la violencia física y sexual.

En el Día Internacional de la Mujer, ante este bochornoso acto, el CNM debiera expresar al menos disculpas públicas a la Magistrada Miriam Germán y a todas las mujeres identificadas con ella, por el irrespeto cometido causando indignación y vergüenza por la incapacidad del mecanismo en seleccionar con pulcritud y seriedad a jueces/zas que velarán por el cumplimiento de la Constitución y las leyes en la Suprema Corte de Justicia.

Retos para la ciudadanía democrática

La cancelación de un acto deportivo de confraternidad con las personas migrantes ha despertado preocupación durante las fiestas de fin de año. Brutales amenazas de personas dominicanas a otras compatriotas, dentro de ellas a la laureada escritora Ángela Hernández, ponen de manifiesto intenciones autodestructivas entre nosotr@s mism@s. 

No sería esta la primera vez en que personas con pocos niveles de consideración a la complejidad migratoria y política binacional irrumpan con agresividad en actos públicos. Así lo hicieron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin que la Procuraduría General de la República y cuerpos del orden intervinieran. 

Más allá de la respuesta institucional, de cara a los contextos nacional e internacional, en el que el odio a la pobreza cobra terreno en las insanas emociones y pensamientos de líderes políticos y sociales. Mismos que se resisten a cambios en los roles de género, y más empoderamiento de las mujeres, o en el disfrute de la sexualidad y el amor de parejas de formas no tradicionales.

Las estrategias para llegar y permanecer en el poder se concentraban en el posicionamiento de ideologías políticas, y de los medios de producción económicos y distribución  de los bienes. Estos temas han sido desplazados por la difusión de odio y miedo contra las personas pobres, migrantes, poblaciones GLBTIQ y en tergiversar los grandes aportes que ha hecho el feminismo para sacar del anonimato el maltrato histórico contra las mujeres en todos los ámbitos. 

La exigencia de mayor vigencia de disfrute de derechos y democracia no se corresponde con el uso de la violencia. Un ejercicio responsable de ciudadanía no acude a tales recursos. ¿Cómo responder a los amenazas fascistas? ¿Esconderse y no realizar actos públicos para evitar tragedias? ¿Significa esto sucumbir al miedo? ¿Acudir a las vías judiciales exigiendo garantías de derechos?

La derecha fascista, homofóbica y antifeminista se agrupa y muestra públicamente porque quiere que retrocedan los avances que hemos alcanzado en el disfrute de derechos. Nunca antes las mujeres tuvieron tanto acceso al conocimiento, a tomar decisiones sobre su cuerpo, a reconocerse a sí mismas como ciudadanas. Tampoco en nuestro país habíamos visto la valentía de tantas personas a declararsepúblicamente como gays, lesbianas o trans, demandando respeto y políticas públicas incluyentes. Es justo reconocer también las mitos y tabúes que se han caído respecto a los haitianos y haitianas, su migración, y el apoyo público nacional e internacional en contra de la sentencia generadora del estado de apatridia para miles de dominicanos y dominicanas. 

Décadas de luchas promovieron esos logros. ¿Cómo continuar avanzando en contra de los autoritarismos por mayores garantías de derechos y democracia? 

La revisión del activismo promotor del pensamiento liberal se hace necesario en este contexto. Reconocer a profundidad dónde han estado las debilidades, cuáles son las fortalezas y oportunidades. 

Salir de la comodidad del diálogo entre iguales forma parte de los nuevos retos. Ampliar las redes de aliados/as, más allá de las alianzas tradicionales. Los consensos mínimos son indispensables, y sobre la base de las relaciones respetuosas, asertivas, priorizando los objetivos políticos ante las diferencias.

Pasar de la singularidad a la complejidad de análisis no es un salto de la noche a la mañana, pero este es un recurso indispensable y primordial dentro de la definición estratégica. Por igual, mostrar capacidad de debate sin caer en la ofensa, en lo presencial, en medios de comunicación y en las redes sociales.

No hay que descartar la alianzas con sectores estatales, también dentro del gobierno se libran diferencias ideológicas conservadoras y progresistas que requieren el impulso desde fuera. 

El contexto convoca revisiones y cambios en el ejercicio de ciudadanía comprometida con disfrute de derechos para preservar lo conseguido y continuar ampliando los avances democráticos que benefician a todos y todas. 

Potenciales víctimas y agresores

Las identidades de agresor y de víctima no se forman de la noche a la mañana. Hilos de poder, cosificación y sumisión conectan emociones, conductas, estructuras y culturas, soportadas en contradicciones y luchas.

La percepción de inferioridad de la mujer se internaliza en ideas no cuestionadas y naturalizadas. Una de ellas es que la cercanía hombre-mujer debe terminar en el orgasmo del hombre. Me refiero a los halagos que pueda hacer un hombre a través de una invitación a un pica pollo con cerveza o una langosta con Moët. La “inversión” del hombre es entendida como obligación de la mujer en complacerlo. Insistirá hasta tener sexo. Su estrategia no la entiende como machista ni violenta. Hacia fuera el juego es de alego y conquista.

La mujer que tenga dentro de sus imaginarios la idea de que un hombre tiene que gastar en ella para conquistarla, o se sienta por esto en obligación de retribuir, cae en una trampa de cosifación y control a través de la cuales se ejercen violencias. Después que ocurren queda el conflicto de emociones ante la sorpresa del cambio por los previos “halagos”.

Los hombres maltratan y llegan hasta el feminicidio porque entienden, dentro otras razones, que las mujeres les “desobedecen”, es decir, cuando no cumplen con sus deseos o con las expectativas de lo que ellos entienden “no debe hacer mujer”. Las tensiones en tener que demostrarse a sí mismos, a otros hombres y a la comunidad que son hombres, y la necesidad de ser vistos como tal, ciegan su sensibilidad humana. El afán de imponer poder domina. Las mujeres que ven a esos hombres como “protectores” no se atreven a desafiar esos parámetros, tardan en identificarlos como violencia.

La  lógica autoritario-protector es parecida al fundamentalismo antiderechos, que manipula y tergiversa la construcción de conocimientos feministas y los argumentos que han servido para la promoción de derechos de las mujeres y aumento de su participación en diferentes niveles sociales, económicos y políticos.

De igual modo, el hombre que piropea en las calles a mujeres desconoce su potencial de agresor. Lo hace bajo la idea de entender y percibir a las mujeres como seres inferiores sobre los cuales puede emitir una opinión respecto a sus cuerpos. Precisamente esa construcción mental genera emociones que desencadenan las acciones de control y violencia. Un feminicidio puede empezar en un “simple” piropo, por toda la carga machista y misógina que conlleva.

La mujer que necesita los piropos para sentirse atractiva denota debilidad de autoestima, necesita reconocerse en sus fortalezas emocionales sin depender de las opiniones de otros, sobre todo de los hombres. Esa necesidad de permisos la vulnera a sufrir violencias.

De ahí la complejidad de dar respuestas a casos de violencia. Cuando ocurren es porque ha habido todo un entramado de ideas y actos consientes o inconscientes. Percibirnos como iguales, en fortalezas y oportunidades, en todos los ciclos de vida, independientemente de los ámbitos, es clave para la erradicación del fenómeno de la violencia contra las mujeres.

“Cuando me di cuenta que estaba embarazada por la violación, decidí abortar”

Luisa fue golpeada fuertemente por su pareja y padre de su hijo e hija, la violó con tanta fuerza que hasta en las partes internas de sus órganos sexuales le encontraron pequeñas heridas. No era la primera vez que la maltrataba, también lo hizo durante el quinto o sexto mes de embarazo de su hijo de cinco años.

Esta experiencia la hace formar parte de las siete de cada cien mujeres que ha recibido maltratos durante el embarazo en República Dominicana (ENDESA, 2013). Lo que va en la línea de los resultados de una investigación de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) en 2012, la cual concluyó que los embarazos no planeados y no deseados eran significativamente más frecuentes entre las mujeres que informaron violencia por parte de un esposo/compañero alguna vez en comparación con las que no. (Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países).

Luisa es empleada privada, inició estudios de comunicación, pero se enfermó y tuvo que dejarlos. Poco tiempo después conoció al padre de su hija e hijo, dieciséis años mayor que ella. Se mudaron, al inicio la relación iba bien pero después le infligía violencia: “…física con empujones, patadas, galletas y pellizcos; violencia emocional, verbal, con gritos, insultos y hasta no dejarme hablar. Pero me violentaba igual sexualmente, porque las relaciones siempre tenían que ser como él quería y cuando quería…”.

Ella, como tantas mujeres, experimentó violencia machista en la relación de pareja o fuera de ella. De esas que en 2016 denunciaron llegando a 64,423 a nivel nacional y 59,391 en 2017, según datos de la Procuraduría General de la República. No es de extrañar el alto número de denuncias en el país con tercera tasa de feminicidios más alta en América Latina y el Caribe.

En la investigación “Causales de Vida. Estudio de cinco casos de aborto por causales en República Dominicana”, publicado por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, Luisa relata “Cuando me di cuenta que estaba embarazada por la violación, decidí abortar. No quería tener otro hijo de ese animal, no podía”. “No quería ni podía tener un nuevo embarazo con un hombre que vivía masacrándome y que me violó brutalmente”. No recibió información científica y oportuna sobre cómo realizarlo, una tía le dio la asesoría y apoyo para hacerlo. Como mujer católica, la historia de abuso vivida tuvo más peso que sus creencias religiosas. “Me sentí un poco extraña, pero sabía que eso era lo que debía hacer”.

Luisa, como Mechi, Ali, Carmen, Lina, Esperancita y otras muchas, han sido afectadas por la penalización del aborto en toda circunstancia. El Congreso Nacional no debe demorar más en aprobar el Código Penal con la despenalización cuando la vida de la mujer corre peligro, por violación sexual o incesto, o por malformación incompatible con la vida extra uterina. Este es un reclamo de más del 70% de la población nacional, en acuerdo con esta demanda.

Una historia que puede ser real

Sentada en la sala de espera del hospital, Ana se aferra a la medalla escapulario  de la Virgen de la Altagracia que lleva en sus manos. El cuerpo silente, no habla, aunque escucha el abrir y cerrar de puertas y conversaciones del personal, la mente absorta ha sido el refugio para sobrevivir la horrenda violación

Luisa, su madre, mira la hora en el reloj de la pared, pasan quince minutos a las nueve de la mañana. Ana sabe que ella está ahí, necesita que esté ahí, la siente a su lado. Cruzan miradas una que otra vez, no tienen que verse, la decisión está tomada y ella está en el lugar que tiene que estar para apoyarla y echar hacia delante. Su sueño de “hacerla”  profesional no se lo quitará el malvado de la banda de atracadores que penetró con odio machista a su hija.

Una noche en que salía de la universidad donde cursa estudios de contabilidad, Ana abordó un vehículo público. El “concho” mostraba de modo visible los permisos de ley, no era “pirata”. En su tercer año de estudios identificaba de manera automática estas señales antes de mandar a parar o montarse. Llevaba otras personas de pasajeras, solo faltaba ella para completar.

La enfermera se acerca, en voz baja y suave, le dice que el turno ha llegado. Los resultados de las pruebas médicas de días previos mostraron condiciones optimas. Tuvo sesión con la sicóloga, leyó folletos informativos del Ministerio de Salud Pública, tres días bastaron para reconfirmar la decisión. Prefirió a través de pastillas, una vez aplicadas, antes de las tres horas, ochocientos microgramos indicaron ser suficientes en la toalla sanitaria. Luisa permanecía a su lado en la pequeña habitación, solo salió un momento a comprar un café. Parada en la fila para pagar escuchó el intercambio de apoyo que se daban la madre y la tía de Raquel, una niña de once años violada por su padrastro.

A las cinco de la tarde estaban en casa. Antes de dejar el hospital, la médica que la atendió conversó en tono agradable, informándole de posibles síntomas, dando su número de teléfono en caso de cualquier inquietud o eventualidad no prevista.

Aunque también bebió en el hospital, el caldo de pollo hecho por Luisa le asentó bien, al igual que el jugo de remolacha con limón. Los dos días siguientes del fin de semana los pasó en descanso. La hemoglobina pulsaba a ritmo de deseo de vivir, de continuar el proceso judicial contra el violador, de terminar la carrera universitaria, de tener hijos/as cuando ella decidiera y con quién ella eligiera, entre otros temas, eran parte de sus conversaciones diarias con la virgen.

Años de lucha feminista antecedieron esas cálidas atenciones en un centro de salud pública. La solidaridad institucional y familiar recibida contribuyeron al proceso de recuperación de Ana. Reafirmó por siempre su decisión. El amor por la vida lo sentía en las ganas de justicia, en la fuerza para confrontar humillaciones y en la capacidad de potenciar activismo social.

La gran mayoría a favor despenalización del aborto por causales

En la República Dominicana por cada cien hombres en condiciones de pobreza existen 134 mujeres enel mismo estado. Son ellas las más afectadas, entre otras muchas situaciones,  a sufrir las drásticas consecuencias de la penalización absoluta del aborto.

De acuerdo a un reciente estudio de la firma de investigaciones y encuestas Untold, más del 70% de la población está a favor de la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, ante violación sexual o incesto, o por malformación incompatible con la vida. A la encuesta respondieron personas de diferentes áreas del país, niveles académicos, preferencias políticas y religiosas, y diversos rangos de edades. Las personas más jóvenes muestran mayor identificación con la despenalización.

No he sido parte de la encuesta, y en lo personal me ubico dentro del 70% para que una vez despenalizado el aborto por causales, el personal de servicios de salud público o privado trate a las mujeres con respeto, afectos, cuidando de su dignidad, sin recriminarle. Reconociendo, a la vez, que están ejerciendo un derecho, considerando las múltiples razones que las llevan a tomar la decisión y su historia de vida, ofreciendo oportunidades de acceso a información de calidad, confiable, antes de tomar la decisión y después de practicarse el aborto.

Recordar que en los países donde el aborto es legal las prácticas se reducen considerablemente precisamente por el acceso a información y servicios que tienen las mujeres y adolescentes.

La despenalización del aborto por causales en el Código Penal contribuirá a que las mujeres que han tenido prácticas de aborto o se encuentren ante la previa disyuntiva, vivan sin culpas ni temor, tranquilas en su conciencia, con actitud para continuar planes en sus vidas que las ayuden a tener más seguridad económica, profesional, dedicarse a sus hijos e hijas, o cuidarse más ellas mismas.

Más del 70% de la población está de acuerdo en que el Estado desarrolle programas a nivel nacional, especialmente en zonas más empobrecidas, de capacitación a personal de salud sobre cómo atenderlas, y que les proporcione material impreso, veraz, gratuito, y de fácil comprensión.

Si también estás a favor del trato digno que deben recibir la mujeres en estas situaciones, te encuentras dentro del 70% de la población que desea para ellas atención de salud de calidad, más oportunidades de empoderamiento y desarrollo personal que le permitan salir de la pobreza.

Te invito a movilizarte para que entre todos y todas logremos la despenalización por causales en el Código Penal. Busca en tu ciudad, comunidad o círculo de amigos/as personas afines a ese 70% para que juntos/a se expresen como deseen, actúen y exijan la despenalización por causales en el Código Penal a legisladores/as de la provincia. El compromiso es con las mujeres, la igualdad de derechos, el país y la democracia.

 

La responsabilidad individual contra las violencias a las mujeres

Las violencias contra las mujeres causan preocupación y cada vez más adquieren connotación ética de repudio. Los reclamos al Estado aumentan para que haga lo que tiene que hacer, pero también se incrementa la insatisfacción por no hacer lo suficiente. El espejo de la responsabilidad individual se opaca entre las conductas personales, las virtuales y estas exigencias.

Cada feminicidio duele, desgarra a las familias, deja secuelas de pérdidas físicas y emocionales, la orfandad de la madre y la del padre, aunque este quede en la cárcel. Desde ahí, la irresponsabilidad paterna se agrava ante la ausencia del soporte emocional convertido en modelo de odio, e imposibilidad de sustento económico. La mentira y rechazo a lo sucedido es un refugio del feminicida y su familia para no romper el vínculo con hijos e hijas.

Desde afuera nos indignan los hechos, reclamamos sanción, eficiencia estatal, hasta dedicamos oraciones y misas. La cobertura mediática analiza, evalúa, consulta, y también exige. La responsabilidad individual y colectiva diluye su potencial fuerza de cambios ante la uni-direccionalidad de reclamo hacia el Estado.

Transformaciones culturales se pueden promover y lograr para erradicar las violencias contra las mujeres, las que adquieren su punto extremo en los feminicidios.

La cotidianidad, consiente o inconsciente, ahoga aspiraciones éticas colectivas que respaldan directa o indirectamente las inconductas que promueven las violencias. Un sencillo ejemplo son los chistes, memes, gif y demás materiales de redes que ridiculizan a las mujeres por: la dependencia económica, ser flacas o gordas, no estar casadas, la edad, lucir el pelo tipo pajón, ser infiel, ser “putas”, ejercer el trabajo sexual o ser explotadas sexualmente, ser negras, porque supuestamente no se entienden, y por otras infinitas razones que esconden el hecho de ser mujeres. Mensajes que llegan a miles o millones de personas porque al ser compartidos aumentan los puentes de extensión.

¿En qué posición nos colocamos cuando compartimos esos mensajes, en la del padre, hermano, esposo que ignora el apoyo que ofrece a la construcción de imaginarios que afectan a sus hijas, hermanas, o esposa, o en la mujer que se cree superada en esas condiciones discriminatorias?

Muchas son las conductas y pensamientos que merecen revisión y atención, para no continuar promoviendo las violencias. Te invito a que la próxima vez que pienses en difundir en redes un material ofensivo contra las mujeres, tengas presente que estás dando permiso a que otros hombres perciban a las mujeres que aprecias como seres inferiores que pueden ser ridiculizadas, y si eres mujer, que el efecto te puede rebotar directamente.

Erradicar las violencias contra las mujeres no es solo un compromiso de Estado, es también una responsabilidad individual de deconstrucción, revisión, reflexión, y confrontación a estándares y conductas que la justifican. Procesos de aprendizajes y des-aprendizajes que regalan la convivencia pacífica en asertividad, desapego y respeto.

 

 

 

 

 

 

 

El anonimato de la tortura a niñas y jóvenes

En ocasión de la celebración del 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Santo Domingo, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres entregó al organismo un documento solicitando demandar al Estado la despenalización del aborto por causales. A continuación el texto integro entregado:

“Niña de once años embarazada en Santiago”[1] ha sido por varios días título de periódicos nacionales. Ya no les, del caso solo se conoce que fue violada por su padrastro y que el hecho sucedió en un municipio de la ciudad de Santiago.

La Niña de once años embarazada en Santiago y violada por su padrastro quedará en el anonimato, obligada a la maternidad forzada como las 20,000 niñas de menos de 18 años que paren cada día en países en desarrollo[2]. No será noticia porque una cultura de impunidad al matrimonio infantil opera de espalda a garantes de derechos. El país encabeza los datos de la región latinoamericana en el índice de matrimonios infantiles con un 41%, superando la media regional de 29%.[3]

A la Niña de once años embarazada en Santiago y violada por su padrastro le rige un Código Penal de 1884, desde el cual se le impone una tortura legal. Pese a la última observación presidencial en diciembre del 2016, al voto mayoritario de la Cámara de Diputados/as en julio del 2017, que impidió la entrada en vigencia del Código Penal. Pese a las recomendaciones de la CIDH, de diversos órganos de tratados, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputadas ha emitido un informe opinando incluir solamente la “causal vida”. De entrar en vigencia el Código Penal con esta opinión, la tortura legal continuará para los casos como el de la Niña de once años embarazada en Santiago.

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, integrada por más de 70 organizaciones, solicita a la CIDH instar nuevamente al Estado incluir las tres causales de aborto en el Código Penal, para que casos como la Niña de once años embarazada en Santiago tengan garantía de respeto a su dignidad.

La República Dominicana sigue formando parte de los seis países en América Latina que condenan el aborto en todos sus formas[4], a pesar de la marcada feminización de la pobreza, por cada 100 hombres en condición de pobreza, 134 mujeres se encuentran en esta situación y 152 en pobreza extrema[5].

Este contexto de criminalización absoluta y pobreza constata una vez más no ser la vía efectiva para reducir las prácticas de aborto. De acuerdo al informe global del Instituto Guttmacher (2017)[6], la tasa anual de aborto más alta del 2010–2014 ocurrió en el Caribe, estimada en 59 por 1,000 mujeres en edad reproductiva. No por coincidencia, dos de los seis países con penalización absoluta se encuentran en el Caribe.

 

[1] http://wp.cdn.com.do/2018/04/19/nina-11-anos-violada-embaraza-santiago-buscan-al-padrastro/

[2] Maternidad en la Niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes. UNFPA. Estado de la Población Mundial 2013.

[3] Estado Mundial de la Infancia 2014. Todos los niños y niñas cuentan. Revelando las disparidades para impulsar los derechos de la niñez. 2014. UNICEF. Pág. 81

[4] El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/aborto-en-america-latina-y-el-caribe

[5] CEPAL 2014, y Privilegios que Niegan Derechos, Oxfam, 2015.

[6] Instituto Guttmacher. Aborto Inducido a nivel mundial https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/aborto-inducido-nivel-mundial